Autónomos: obligados a pagar, abandonados al cerrar

Un autónomo puede pasar años trabajando para ganar apenas 500 euros al mes y quedarse sin la prestación por cese de actividad cuando decide cerrar. Haber cotizado por ella no basta. Y ahí está el problema: un negocio puede dejar un pequeño beneficio en las cuentas y, aun así, no dar para vivir.

Las estadísticas oficiales de la Seguridad Social registran, al cierre de 2025, un total de 8.553 solicitudes concedidas, incluidas las reclamaciones aceptadas, y 9.178 desfavorables. Entre enero y julio de 2026 figuran 7.431 concesiones y 5.836 desfavorables. En este último periodo, las concesiones superan a las resoluciones desfavorables, pero siguen siendo miles las respuestas negativas.

El motivo más frecuente de rechazo fue no acreditar el cese conforme a la ley: 5.532 registros en 2025 y 3.352 hasta julio de 2026. No todas las denegaciones tienen por qué ser injustas. Pero pensemos en quien obtiene 500 euros mensuales después de pagar los gastos: menos que los 733,60 euros de renta garantizada del ingreso mínimo vital para un adulto solo en 2026.

Para acceder al cese por una de las vías económicas, la ley exige pérdidas durante un año completo superiores al 10 % de los ingresos, excluyendo el primer año de actividad. No se trata de ganar un 10 % menos. Se trata de perder dinero. Existen otras vías, pero unos beneficios bajos y persistentes, por sí solos, no garantizan la prestación.

Así, quien lleva años ganando demasiado poco puede no cumplir esa condición precisamente porque todavía obtiene algún beneficio. ¿Debe esperar a acumular pérdidas para tener protección? Cerrar antes de endeudarse debería poder ser una decisión responsable cuando se acredita que el negocio no permite sostenerse.

Mientras continúa de alta, tiene que cotizar por el cese con carácter general. Si finalmente cierra y le deniegan la prestación, puede perder su único ingreso. Detrás de ese expediente puede haber una familia que necesita pagar el alquiler, llenar la nevera y comprar el material escolar de sus hijos.

Un autónomo puede acceder al ingreso mínimo vital si cumple sus requisitos, incluidos los de ingresos y patrimonio del hogar. Pero esa ayuda no sustituye la protección por la que ha cotizado. El Gobierno debería reformar la prestación por cese de actividad para reconocer las situaciones de ingresos insuficientes mantenidas en el tiempo, con controles y trámites comprensibles.

A mi juicio, mantener esta situación es abandonar a quienes intentan salir adelante por su cuenta. Y resulta inaceptable un discurso político que los señala como sospechosos de defraudar, cobrar en negro o explotar a sus trabajadores. El Gobierno debe perseguir los abusos concretos sin alimentar la desconfianza hacia todo un colectivo.

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las pymes representan el 99,8 % de las empresas españolas. En ese tejido están también muchos autónomos y pequeños negocios familiares. Crean empleo y contribuyen con sus impuestos y cotizaciones a financiar los servicios que utilizamos todos. Merecen respeto y una protección que funcione.

Lo público necesita la actividad económica y la recaudación que genera también el sector privado. La sanidad, la educación y las pensiones necesitan financiación; quienes trabajan y sostienen negocios necesitan poder seguir haciéndolo y recibir ayuda cuando fracasan. Hay que cuidar lo público, por supuesto. También a quienes, desde lo privado, contribuyen a sostenerlo.

Autor: Marta Martín García