Madrid
Autor: Redacción
JUPOL alerta del colapso en las unidades de Extranjería y Fronteras ante una regularización masiva sin refuerzo policial
Actualidad España - 30/01/2026 - 17:19
El sindicato mayoritario en la Policía Nacional avisa de que la falta de efectivos y la saturación por la gestión del asilo pueden comprometer controles, verificaciones e investigaciones
JUPOL, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, ha trasladado su “seria preocupación” por el impacto operativo y funcional que, asegura, tendría una regularización extraordinaria de cientos de miles de personas en situación administrativa irregular si no va acompañada de un refuerzo inmediato de efectivos, medios técnicos y apoyo administrativo en las unidades de Extranjería y Fronteras.
Según el sindicato, más allá del debate político, la medida tendría consecuencias directas sobre el trabajo diario de miles de agentes. Entre otras tareas, la tramitación masiva de solicitudes de autorización de residencia, la revisión de situaciones administrativas, la comprobación de identidades y la verificación de los requisitos legales recaerían principalmente sobre unas unidades que ya se encuentran “saturadas” en gran parte del territorio.
JUPOL sostiene que las brigadas y grupos de Extranjería trabajan con plantillas ajustadas, agendas colapsadas y una elevada carga burocrática. En este contexto, añaden, asumir de golpe cientos de miles de expedientes adicionales podría traducirse en retrasos, acumulación de trámites y una menor capacidad de control. El sindicato también advierte de que esta presión podría restar recursos a funciones consideradas esenciales, como la investigación de redes de inmigración ilegal, la lucha contra la trata de seres humanos o el control documental.
El portavoz del sindicato, Ibón Domínguez, ha afirmado que la Policía Nacional “no está preparada” para afrontar una regularización de estas dimensiones y que las brigadas de Extranjería “no tienen personal suficiente”. Domínguez ha subrayado además que una parte importante de los efectivos está “hipotecada” por la tramitación de solicitudes de asilo, lo que, según JUPOL, agrava aún más el colapso actual.
Otro de los puntos que preocupa al sindicato es el criterio basado casi exclusivamente en la ausencia de antecedentes penales firmes. JUPOL alerta de que, en la práctica, una persona detenida recientemente por hechos graves puede no tener antecedentes en ese momento debido a los plazos judiciales, que pueden prolongarse durante meses o incluso años. Por ello, señalan, es necesario extremar las comprobaciones y cruzar información con bases de datos policiales nacionales e internacionales, verificaciones que consumen tiempo y recursos.
Además, JUPOL advierte de que la medida podría incrementar las comparecencias y las gestiones documentales, aumentar la presión sobre los sistemas de cita previa e intensificar un ámbito en el que el fraude de identidad y la falsedad documental son fenómenos habituales que requieren una especialización policial.
El sindicato también denuncia la inseguridad jurídica que, a su juicio, puede generar un procedimiento extraordinario articulado por una vía normativa excepcional y con criterios susceptibles de interpretaciones dispares —por ejemplo, sobre qué antecedentes se consideran “relevantes”—. Según JUPOL, esta situación puede derivar en cambios constantes de instrucciones, dudas en la tramitación y un aumento de recursos y litigios, complicando aún más una gestión que califican de “masiva y delicada”.
Finalmente, JUPOL sostiene que una regularización de este alcance, adoptada sin consenso político ni diálogo con los profesionales que trabajan en el control de fronteras y la seguridad ciudadana, puede transmitir al exterior el mensaje de que entrar y permanecer de forma irregular puede acabar comportando una regularización administrativa. En este sentido, el sindicato advierte de un posible “efecto llamada” y de un “balón de oxígeno” para las mafias dedicadas al tráfico y la trata de seres humanos.
Por todo ello, JUPOL exige al Gobierno que abra un proceso de diálogo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cualquier cambio en la política migratoria se tramite con transparencia y que vaya acompañado de planificación, recursos suficientes y una evaluación realista de su impacto operativo.
Autor: Redacción











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