El diputado en el Congreso de los Diputados por Sevilla, Pablo Cambronero, ha lamentado la incapacidad del Gobierno español para retener a empresas como Ferrovial, compañía dedicada a la construcción y a las infraestructuras que anunció que sometería al voto de sus accionistas el traslado de su sede social en Ámsterdam, Holanda.
A través de sus redes sociales, Cambronero ha compartido la respuesta oficial del Gobierno, donde se especifica que “el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, está analizando los argumentos esgrimidos por la sociedad en su comunicación”. “Los análisis técnicos que se han realizado hasta el momento arrojan dudas sobre la sustancia de los argumentos empleados por la empresa públicamente para explicar su decisión”, continúa el comunicado, que a su vez define la concepción que tiene la economía española de la siguiente manera: “Está considerada particularmente atractiva desde el punto de vista de la inversión y del establecimiento de proyectos empresariales que crean empleo y que crean riqueza”. Así, el Gobierno pone como ejemplos a multinacionales como Maersk, Volkswagen, Google, Cisco, Intel o Amazon, entre otras, y añade que dichas inversiones “se justifican por factores como la seguridad jurídica y la estabilidad de la política económica que ha venido desarrollando el Gobierno desde 2018, que da confianza dentro y fuera de nuestras fronteras”.
El diputado critica especialmente el último párrafo de la nota, donde se subraya que “el Gobierno considera que se trata de una decisión errónea por parte de la dirección de Ferrovial, con la que muestra la falta de compromiso de la compañía con nuestro país, al tratarse de una empresa emblemática que ha llegado a ser una gran multinacional sobre la base de su negocio en España y gracias al apoyo de todos los gobiernos que ha habido en nuestro país desde su fundación”. En este caso, Cambronero se muestra conciso: “Me contestan que Ferrovial miente y que la empresa ‘es mala porque ha hecho negocio en España y se va’. ¡Claro, no es una ONG!”, apunta el diputado, que acaba con un mensaje directo: “La culpa es del Gobierno, de nadie más”.
Autor: Redacción
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