Cuando una oportunidad de vivir se considera demasiado cara

Entre 2022 y 2023, el diputado Pablo Emérito Cambronero Piqueras presentó preguntas al Gobierno sobre medicamentos sin financiación pública. Estudió los casos, pidió explicaciones e insistió. Fue un trabajo minucioso y profundamente humano, dedicado a personas enfermas que necesitaban ser escuchadas.

El listado revisado reúne 46 presentaciones e incluye tratamientos para el cáncer, leucemias, enfermedades raras y otras patologías graves. Detrás de muchos de aquellos expedientes había pacientes para quienes acceder a una nueva terapia podía representar una oportunidad en un momento especialmente difícil.

Los argumentos económicos aparecen repetidamente entre los motivos de exclusión que recoge la documentación: impacto presupuestario, racionalización del gasto y alternativas de menor coste. Son expresiones administrativas que merecen una explicación comprensible cuando afectan al acceso a un tratamiento.

Una respuesta del 6 de octubre de 2022 sobre Trodelvy sirve de ejemplo. El Gobierno justificó la negativa inicial por su elevado impacto presupuestario y citó un coste superior a 90.000 euros por año de vida ajustado por calidad. Ese cálculo compara el coste adicional con el beneficio esperado en duración y calidad de vida. No es una tarifa anual por paciente.

La cuestión de fondo es durísima: el Gobierno consideraba excesivo el coste de obtener ese beneficio. Las familias merecen saber cómo se ponderaron sus necesidades, qué alternativas reales tenían y cuánto tiempo podían esperar. Una decisión presupuestaria puede tener consecuencias humanas que ninguna respuesta debería dejar en segundo plano.

Hoy, 16 presentaciones del listado tienen alguna indicación financiada: Blincyto, Tecartus, Brineura, Ledaga, Erwinase, Rozlytrek, Zanosar, Xospata, Vitrakvi, Reblozyl, Myalepta, Namuscla, Pemazyre, Phesgo, Talzenna y Tukysa. La cobertura mantiene límites: Talzenna se financia para determinados pacientes con cáncer de próstata, pero sigue excluida la indicación de mama incluida en el listado.

También se incorporó Trodelvy, cuya ficha recoge el alta en financiación el 1 de diciembre de 2022. Cada incorporación merece celebrarse. Queda por esclarecer qué consecuencias tuvo para los pacientes el tiempo transcurrido hasta poder acceder al tratamiento.

El Gobierno acusa a la oposición de querer privatizar la sanidad. Pero, cuando rechaza financiar un tratamiento y no existe otra vía pública de acceso, deja al paciente ante una barrera económica. Si puede obtenerlo legalmente por la vía privada, tendrá que asumir el 100 % de su precio, salvo que cuente con otra cobertura. Quien no pueda pagarlo se queda sin esa opción. No basta con defender la sanidad pública en los discursos: también hay que explicar por qué se deja fuera de su protección a esos enfermos.

Administrar los recursos públicos exige rigor y negociar precios con los laboratorios. No creo que sea en medicamentos donde haya que recortar presupuestos. También exige urgencia cuando una enfermedad avanza. Debe investigarse si los retrasos pudieron costar vidas o privar a pacientes de una oportunidad de tratamiento. Los documentos disponibles no permiten determinarlo, pero la pregunta merece una respuesta.

El llamado Gobierno de la gente debe explicar cómo protege a quienes carecen de dinero para costear un tratamiento que rechaza financiar por razones económicas. Presumir de sensibilidad social obliga a responder por esas decisiones. Ninguna familia debería sentirse abandonada porque la oportunidad que necesita su ser querido se considere demasiado cara.

Autor: Marta Martín García