Trabaja más, cobra menos y paga la factura

En 2027 volverá a subir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Pasará del 0,9 % actual al 1 % de la base de cotización y continuará aumentando hasta alcanzar el 1,2 % en 2029. Una parte la pagará directamente el trabajador y otra, mucho mayor, la empresa, lo que en la práctica significa menos salario neto para uno y un mayor coste laboral para quien lo contrata.

Lo llaman Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un nombre técnicamente impecable para describir una realidad mucho más sencilla: España necesita más dinero para sostener sus futuras pensiones y ha decidido obtener una parte creciente de ese dinero aumentando las cotizaciones sobre el trabajo. Nuestro sistema funciona esencialmente mediante un pacto entre generaciones, porque las cotizaciones de quienes trabajan hoy financian las prestaciones de quienes ya se han jubilado. El dinero aportado durante cuarenta años no queda guardado en una cuenta personal a la espera de la jubilación, sino que el sistema confía en que, cuando llegue ese momento, exista detrás una generación suficientemente numerosa, productiva y empleada para seguir pagando.

El problema aparece cuando cada vez hay más pensionistas, viven durante más años y el gasto crece con mayor rapidez que los ingresos. Ante esa situación, existen varias posibilidades: contener el gasto, reformar profundamente el sistema, aumentar la productividad y el empleo o recaudar más. España ha optado de nuevo por esta última vía, elevando las cotizaciones, incrementando progresivamente el MEI, encareciendo la contratación y reduciendo, aunque sea poco a poco, el dinero que finalmente llega a la nómina del trabajador.

Al mismo tiempo, el Estado dedica miles de millones a prestaciones no contributivas como el Ingreso Mínimo Vital, para cuyo acceso no es necesario haber cotizado previamente. Conviene distinguir ambas cosas, porque el IMV no se paga con el MEI ni con la hucha de las pensiones, sino mediante aportaciones del Estado. Sin embargo, el Estado tampoco dispone de una fuente de dinero ajena a los ciudadanos, ya que sus recursos proceden fundamentalmente de impuestos, cotizaciones y deuda, que terminarán pagando los contribuyentes presentes o futuros.

Ese es el debate que rara vez se plantea de frente. Ayudar a quien realmente lo necesita forma parte de una sociedad digna, pero también debería formar parte de esa misma dignidad proteger a quien madruga cada mañana, paga una hipoteca o un alquiler, mantiene a sus hijos, crea una empresa, contrata trabajadores y hace números para llegar a final de mes. El sistema puede exigir solidaridad, pero no debería olvidar que esa solidaridad depende precisamente de que existan suficientes personas trabajando, produciendo y cotizando.

El dinero público no aparece por generación espontánea, porque antes de convertirse en gasto público fue renta de una persona, beneficio de una empresa, consumo de una familia o deuda que tendrá que pagarse mañana. Cuando las cuentas no cuadran, este Gobierno parece regresar siempre a la misma solución: pedir un poco más a quien trabaja, un poco más a quien contrata y un poco más a quien ya sostiene el sistema.

Autor: Marta Martín García