Laura Borràs. No todos los chorizos son iguales

El Gobierno acaba de convertir la lucha contra la corrupción en una cuestión de afinidad parlamentaria. Laura Borràs fue condenada por prevaricación y falsedad documental después de fraccionar dieciocho contratos, por un valor total de 335.700 euros, para adjudicárselos a un conocido. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia y descartó que los hechos tuvieran relación alguna con el procés: no era persecución política, era corrupción.

Ahora, el Consejo de Ministros conmuta la condena de cuatro años, seis meses y un día de prisión por otra de dos años, lo que permitirá que Borràs evite la cárcel. La enseñanza es obscena: en España no todos los condenados son iguales; algunos tienen detrás los votos que necesita Pedro Sánchez.

El indulto resulta todavía más indecente porque Borràs jamás ha mostrado arrepentimiento. La Fiscalía se opuso expresamente tanto al indulto total como al parcial y recordó que la dirigente de Junts nunca había asumido su responsabilidad, sino que había tratado de presentarse como víctima de una conspiración política.

Al Gobierno le da igual. Ya no importan la ejemplaridad, la regeneración democrática ni la lucha contra la corrupción. Importa la aritmética parlamentaria. Cuando una condenada resulta políticamente útil, la pena puede moldearse hasta que deje de molestar.

Pedro Sánchez calificó en 2023 el caso de Borràs como un ejemplo «flagrante» de prevaricación y mal uso de los recursos públicos. Tres años después, su Gobierno le rebaja la pena hasta dejarla en condiciones de eludir la prisión. No ha cambiado la sentencia, no han cambiado los hechos y no ha aparecido arrepentimiento alguno. Lo único que ha cambiado es la dependencia del PSOE respecto de Junts. Esta es la medida exacta de la palabra del presidente: dura mientras no comprometa una votación.

El Gobierno humilla incluso a sus propios chorizos. A los corruptos socialistas que sí pasaron por prisión habría que explicarles ahora que eligieron mal el momento, el territorio o el partido. Quizá debieron envolver sus delitos en una bandera, declararse perseguidos por el Estado y conseguir siete diputados decisivos en el Congreso.

Los condenados de Junts y los condenados del PSOE representan la misma basura política: servidores públicos que utilizaron las instituciones para beneficiar a los suyos. La diferencia es que unos tuvieron que cumplir sus condenas y otros disponen de los votos necesarios para condicionar la supervivencia del Gobierno.

El indulto parcial a Laura Borràs no es reconciliación, concordia ni justicia material. Es una medida de gracia puesta al servicio de la supervivencia política. El Gobierno podrá ampararse en la propuesta del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró excesiva la pena de prisión, y repetir que la multa y la inhabilitación continúan vigentes.

Pero el resultado es incontestable: una dirigente condenada por corrupción no pisará la cárcel porque el poder político ha decidido rebajarle la pena. No todos somos iguales ante la ley. Los ciudadanos comunes cumplen las sentencias; los socios necesarios del Gobierno las negocian.

Autor: Carles Enric