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La Guardia Civil registra la Generalitat para probar la malversación de fondos para el 1-O

Actualidad España  -  15/03/2018  -  18:15

También ha entrado en la casa del secretario de Difusión, Antoni Molons, y la sede de Òmnium Cultural


Detención de Antoni Molons

Detención de Antoni Molons



La Guardia Civil ha puesto de nuevo en marcha la investigación por el presunto uso de fondos públicos para la celebración del referéndum del 1 de octubre y ha registrado desde primera hora de la mañana la sede de Òmnium Cultural y el Palau de la Generalitat, donde tiene su despacho el secretario de Difusión y Atención Ciudadana, Antoni Molons. Y es que el punto de mira de la investigación ha recaído hoy sobre este cargo de la Generalitat, que ha sido detenido durante unas horas.

Con el objetivo de encontrar documentación y correos electrónicos relacionados con los preparativos de la consulta y saber cómo se financió, los agentes le han registrado primero el domicilio particular, en Sant Joan Despí, y posteriormente su despacho oficial en el edificio de la plaza Sant Jaume de Barcelona. Molons ha estado presente durante los registros y ha salido en libertad a primera hora de la tarde después de negarse a declarar en sede policial, pero ahora está a la espera de que el juez pueda citarlo a declarar.

El operativo de esta mañana ha sido ordenado por el juez que investiga el 1 de octubre, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Además del registro de las sedes, también ha ordenado el acceso al teléfono personal de Molons y de los responsables de tesorería de Òmnium. Aparte de la intervención del correo electrónico del Secretario de Difusión de la Generalitat, el juez ha autorizado el cambio de contraseñas de su cuenta para evitar que pueda borrar información que pueda ser clave para la investigación.

Lo mismo ha pasado en la sede de Òmnium Cultural, donde los agentes también buscaban correos electrónicos y pruebas de que el gobierno de Carles Puigdemont usó dinero público para financiar el referéndum.

La causa abierta por este juez, en la que están imputadas una treintena de personas (la mayoría, altos cargos de la Generalitat), se centra precisamente en acreditar el supuesto delito de malversación de fondos públicos.


Autor: Redacción


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