
Madrid
Opinió | 17/11/2026 | 11:47 · Marta Martín García

La espera, las denegaciones y la falta de ingresos convierten la enfermedad en una batalla burocrática que muchos trabajadores no pueden permitirse librar
Hay personas que, además de luchar contra una enfermedad, tienen que enfrentarse a la Administración para conseguir una pensión de incapacidad permanente. Han trabajado, han cotizado y, cuando su salud les impide continuar, reciben una denegación. Entonces comienza otra batalla: reunir informes, reclamar y esperar un juicio. Mientras tanto, la enfermedad sigue ahí. Y las facturas también.
Un Gobierno que se llama socialista y presume de defender a los trabajadores debería explicar por qué tantos enfermos tienen que acudir a los tribunales para obtener protección. No puede agitar el miedo a que otros vayan a quitar las pensiones mientras permite que personas que necesitan una incapacidad tengan que pelear durante años para que se les reconozca. La defensa de las pensiones también se demuestra cuando hay que concederlas.
Las cifras del propio INSS muestran cómo ha empeorado el atasco desde 2018. Aquel año quedaron 29.258 expedientes de incapacidad permanente pendientes de resolución. Al finalizar 2025 eran 100.902: más del triple, un aumento cercano al 245 %. Los expedientes iniciados también crecieron, pero un 67 %, muy por debajo del incremento de los pendientes. La Administración tiene más trabajo, pero quienes soportan las consecuencias de esa acumulación son los enfermos y sus familias.
También ha descendido el porcentaje de expedientes resueltos favorablemente: del 46,53 % en 2018 al 29,97 % en 2025. Hemos pasado de casi la mitad a menos de un tercio. Esto no significa que todas las demás solicitudes sean denegaciones injustas, pero sí exige una explicación sobre las causas de esa evolución. Un Gobierno que se presenta como defensor de los trabajadores debería analizarla y explicar qué medidas está tomando para que quienes cumplen los requisitos reciban su prestación a tiempo.
Y los tribunales siguen dando la razón a miles de ciudadanos. El informe de los Servicios Jurídicos de la Seguridad Social de 2025 recoge 11.240 sentencias favorables al interesado en asuntos de incapacidad permanente ante los juzgados de lo social, aproximadamente el 37,55 % de las registradas en esa materia, además de 852 parcialmente favorables. No todos estos litigios proceden de primeras solicitudes denegadas, pero demuestran que miles de personas necesitan una resolución judicial para obtener una respuesta distinta de la administrativa.
La situación puede volverse insoportable cuando se agota la protección de la baja médica y se deniega la incapacidad. Quien no puede reincorporarse y tampoco dispone de otra prestación o ingreso queda atrapado entre lo que su cuerpo le permite y lo que necesita para sobrevivir. Presentar una reclamación no garantiza seguir cobrando. El alquiler, la hipoteca y la comida de los hijos no esperan a que llegue la sentencia.
Y aquí aparece una desigualdad difícil de justificar. Quien tiene ahorros, apoyo familiar o una pareja con ingresos dispone de más posibilidades de sostener la espera y continuar reclamando. Quien carece de ese respaldo puede verse obligado a intentar trabajar, aun encontrándose enfermo, porque necesita llegar a fin de mes. Tener dinero no garantiza ganar un pleito, pero no tenerlo puede dificultar enormemente llegar hasta él. Las sentencias favorables muestran a quienes llegaron al final; no cuentan toda la historia de quienes se quedaron por el camino.
A mi juicio, someter a una persona enferma a ese recorrido cuando su incapacidad debería haberse reconocido constituye un maltrato institucional innecesario. Obligarla a explicar una y otra vez sus limitaciones, vivir pendiente de una resolución y temer por el sustento de su familia añade sufrimiento al que ya padece. Cobrar después los atrasos que correspondan no devuelve la tranquilidad perdida ni borra las deudas acumuladas.
Una enfermedad no da derecho automáticamente a una incapacidad permanente. Deben comprobarse los requisitos y valorarse las limitaciones para trabajar. Precisamente por eso hacen falta evaluaciones completas, decisiones comprensibles y una revisión de las causas por las que tantas resoluciones reciben después una respuesta judicial diferente. El Gobierno debe poner medios para que la protección que corresponde llegue a tiempo y para evitar que la espera deje a los enfermos sin recursos.
La incapacidad permanente no es un favor al enfermo. Es una prestación que debe reconocerse cuando se cumplen sus requisitos. Un Gobierno que se presenta como socialista debería preocuparse especialmente por quienes han perdido la salud y ya no pueden sostenerse trabajando. Porque defender las pensiones no consiste solamente en advertir de que otros las quitarán: también consiste en evitar que quien tiene derecho a una deba arruinarse para conseguirla.
https://gironanoticies.com/la-incapacidad-permanente-tambien-es-un-derecho/