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Un matrimonio canario creó un entramado de sociedades relacionadas con el mundo del deporte con el fin de defraudar a la Seguridad Social y ocultar los abundantes beneficios que obtenían del negocio
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en las Islas Canarias la operación “Plano”, dirigida contra personas y sociedades que defraudaban a la Seguridad Social, cuantificándose el fraude cerca de 1.600.000 euros. Las investigaciones comenzaron a principios del presente año tras recibir diversas denuncias por posibles ilícitos contra la Seguridad Social cometidos en el archipiélago, culminando con la detención e imputación de 18 personas en las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, por dieciocho delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y falsedad documental.
Gracias a ello, se ha descubierto el fraude a la Seguridad Social, generado en sectores de actividad tan diferentes como la construcción, la estética, la cinematografía, la restauración, la hostelería y la actividad física. Los investigados, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas al organismo público y así frustrar las legítimas aspiraciones de cobro, realizaron sucesiones empresariales opacas y crearon grupos fraudulentos de empresas, utilizando para ello en algunos casos la figura de testaferros, aunque en algunas otras ocasiones pusieron al frente de los negocios a miembros de su propia familia o a trabajadores que no tenían otra opción si pretendían mantener el trabajo.
Además, en algunos casos, crearon sociedades patrimoniales a nombre de terceros, donde transferían los bienes de las empresas deudoras y de sus administradores con el fin de ocultar el patrimonio y los beneficios a sus acreedores. Por último, y dentro de las ilícitas actividades investigadas, se detectaron falsedades documentales de modelos de solicitud de conciliación con los trabajadores.
Falsos autónomos y ocultación de ingresos
El caso más notorio se produjo por parte de un matrimonio canario que gestionaba varios centros deportivos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Con su empresa principal, creada en el año 1997, llegó a acumular una deuda con la Seguridad Social que rondó los 300.000 euros. La pareja, con el fin de no pagar a la Seguridad Social, no paró de realizar diversas tretas con el fin de eludir su responsabilidad, habiéndoles detectado cuatro modus operandi diferentes.
Primeramente, crearon empresas para gestionar de manera individualizada sus numerosos centros deportivos, haciendo rotar a los trabajadores entre ellas con el fin de evitar que acumularan antigüedad con una misma sociedad. Con posterioridad, y ya acuciados por los acreedores, obligaron a los monitores deportivos a darse de alta como autónomos, creando, de esta forma, una situación de contratación fraudulenta. Además, a partir del 2012 retiraron los datafonos con el fin de impedir a los clientes el pago de sus abonos con este método, disimulando de una forma sencilla los ingresos obtenidos al pasar a manejar más efectivo.
