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Renyer, que fue el acompañante de Carod-Rovira en la reunión con ETA, asegura en un informe que "no está entre sus funciones"
El secretario del Ayuntamiento de Reus, Jaume Renyer, ha evitado pronunciarse sobre si es legal o no que el consistorio ceda espacios para el referéndum del 1 de octubre. Renyer, que fue el acompañante de Josep-Lluís Carod-Rovira en la famosa reunión con la cúpula de ETA en Francia, se escuda en qué ninguna norma dice que la secretaría deba pronunciarse sobre la cesión de locales y señala que es un conflicto de legitimidades que debe resolver la política.
El informe del secretario parte de una petición del grupo municipal de Ciudadanos para esclarecer la legalidad de la cesión de espacios para la celebración del referéndum. En su informe, el secretario no pronuncia ningún dictamen claro alegando que no hay ninguna normativa que "establezca como preceptiva la emisión de un informe de la secretaria" con relación a la cesión de locales electorales.
Jaume Renyer asegura que si lo que se pretende es conseguir un parecer jurídico entre lo que dictan el Parlament y el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión, "en virtud de la función de asesoramiento legal que corresponde a esta secretaria municipal" solo puede trasladar a los ediles de la corporación lo que ya han dicho previamente las dos instituciones al respecto.
"De acuerdo con el ordenamiento jurídico español debe entenderse que la ley del referéndum de autodeterminación está suspendida", continua el informe, que sin embargo señala que dicha ley no se ampara en la Constitución española ni en el ordenamiento jurídico nacional, sino en tratados internacionales ratificados por España. Partiendo de esta premisa, dice, "también es defendibles que la ley continua en vigor, de acuerdo con el derecho internacional".
Por último, concluye que la disyuntiva en que se encuentran los ayuntamientos catalanes por la convocatoria del referéndum "no puede ser analizada en términos de estricta legalidad formal, sino en términos de legitimidad", una contraposición que, señala, debe resolver "la negociación política o de forma externa a través de los mecanismos del derecho internacional".
Escudándose en los dictámenes de algunos colectivos de justas, Renyer concluye que "no forma parte de las funciones atribuidas legalmente a la secretaria general formular un advertimiento de la legalidad" sobre la cesión de espacios para el 1 de octubre.
