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Insertar publicidad de un acto ilegal y antidemocrático como la consulta del 1-O es un delito
En un Estado de Derecho nadie está por encima de la Ley, tampoco las empresas periodísticas. La Guardia Civil se ha personado en las redacciones de los diarios El Punt Avui, Vilaweb, Nació Digital y El Nacional para entregarles una notificación de la juez que instruye una de las causas abiertas por el referéndum del 1-O, para avisarles que no se puede publicar publicidad institucional del referéndum.
No ha sido un ataque a la libertad de expresión. Ni una coacción a la labor informativa de los periodistas. Estos medios decidieron insertar publicidad ilegal de un acto prohibido por la justicia de un país democrático, España, y han sido avisados de las consecuencias legales si siguen persistiendo en esta actitud.
Dichos medios, de carácter secesionista, han aprovechado la ocasión para hacer cantos a la libertad de expresión y como el Estado intenta impedir la comunicación con sus lectores. No es el caso. Los medios no han sido apercibidos de cierre por su línea editorial, que es libre, como ha de ser en un país democrático. Pero las empresas periodísticas no pueden cometer delitos. E insertar publicidad de un acto ilegal y antidemocrático como la consulta del 1-O es un delito.
Sonroja la actuación del Colegio de Periodistas de Cataluña, tan pacata y tardía cuando El Periódico de Catalunya fue sometido a un acoso instigado desde los poderes públicos, que le pusieron el punto de mira, o tan muda ante las continuas violaciones al código deontológico que se practican cada día desde los medios públicos de comunicación de la Generalitat, que han dejado de ser un servicio público para convertirse en una herramienta propagandística al servicio del Gobierno catalán.
Que la decana, Neus Bonet, publicara en su cuenta personal de twitter una fotografía de la Transición en la que se veía a los ‘grises’ apaleando a manifestantes con el mensaje “¿Volvemos aquí?” en referencia a la visita de la Guardia Civil a las redacciones anteriormente mencionadas es, directamente, una ofensa a los ciudadanos y a los Cuerpos de Seguridad de un país democrático, España. Bonet hace tiempo que ha demostrado que no defiende a todos los periodistas, solo a unos cuantos, a los que forman parte del ecosistema nacionalista. Que el Colegio repicara ese mensaje indica que avala esta actitud.
El Grupo de Periodistas Pi i Margall pide al Colegio de Periodistas de Cataluña neutralidad ante el desafío secesionista del 1 de octubre. Y que defienda a todos sus colegiados, no solo a una parte de la profesión. Y que no se convierta en un altavoz más de la agitación propagandística del nacionalismo. De lo contrario su lema “La casa de los periodistas” se convertirá en “La casa de (algunos) periodistas” y su nombre debería mutarse al Colegio de los Periodistas Nacionalistas de Cataluña.
El GPPiM es la única asociación de periodistas catalanes adherida a la FAPE. Su presidente es Sergio Fidalgo.
