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Ocho años de poder, polémicas y responsabilidades desplazadas han convertido lo inverosímil en rutina y la rendición de cuentas en un ejercicio de escapismo político
Si hace diez años nos hubieran contado la España de Pedro Sánchez, habríamos pedido al guionista que moderase la imaginación. Si nos lo hubieran contado hace veinte, lo habríamos tomado por una sátira. Y si alguien hubiese intentado explicárselo a Franco, probablemente habría respondido que aquello era demasiado inverosímil incluso para una dictadura. El prodigio del sanchismo no consiste en que suceda una cosa extraordinaria. Consiste en que sucedan tantas que, por acumulación, acabemos considerándolas normales.
Por ejemplo: el hermano del presidente consigue un puesto público que, años después, un tribunal considera creado a su medida. David Sánchez ha sido condenado —en sentencia recurrible— a nueve años de inhabilitación por prevaricación, y los magistrados sostienen que aquella plaza no era urgente ni necesaria y que respondió a su «interés particular». No se ha probado que Pedro Sánchez ordenase crearla, conviene decirlo. Pero precisamente ahí reside la magia: hace años habría bastado la primera frase para provocar una crisis política; ahora necesitamos cuatro páginas más de explicaciones para convencernos de que tampoco es para tanto.
Luego está la universidad. Se ha dicho muchas veces que Begoña Gómez es «catedrática», pero no lo es. La realidad es bastante más sofisticada y quizá por eso más divertida: sin titulación universitaria oficial —según reconoció el propio rector de la Complutense— llegó a dirigir una cátedra extraordinaria y a codirigir un máster de la Universidad Complutense. Todo perfectamente distinguible desde el punto de vista administrativo, por supuesto. Cátedra no significa catedrática. Universidad no significa necesariamente carrera universitaria. Y, llegados a este punto, uno recuerda inevitablemente aquellas biografías académicas de Elena Ceau?escu y comprende que el siglo XXI ha perfeccionado muchísimo el lenguaje.
Tampoco hace falta inventar que Pedro Sánchez conspiró para asesinar a una jueza, porque eso no está acreditado. La realidad disponible ya es suficientemente pintoresca: personas investigadas en el llamado caso de la «fontanera» socialista han sido relacionadas con maniobras destinadas a obtener información contra la magistrada que llevaba precisamente el asunto de David Sánchez. Uno empieza investigando al hermano del presidente y acaba en una trama con reuniones, grupos de mensajería, dosieres y fontaneros. España ha conseguido que House of Cards parezca una serie sobre una comunidad de propietarios.
Después de más de ocho años con Sánchez en La Moncloa, llega además el gran descubrimiento nacional: España tiene un problema de vivienda. Los precios llevan años disparándose, acceder a un alquiler se ha convertido para muchos jóvenes en una competición olímpica y el Gobierno aprueba, por fin, medidas de emergencia. Cuando el Congreso tumba los dos decretos, aparece el culpable definitivo: la oposición. Es una teoría política fascinante. Gobernar consiste en atribuirse los éxitos durante ocho años y descubrir, cuando el problema explota, que en realidad gobernaban los otros.
Y entonces llegó Ceuta. Decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos en apenas unos días; la ciudad quedó desbordada y la crisis se prolongó durante agosto. Sánchez acudió a Ceuta el 31 de julio y al día siguiente comenzó sus vacaciones en La Mareta, que mantuvo mientras continuaba la emergencia. Cuando después le preguntaron por ello, respondió: «He trabajado y he descansado, son mis derechos». Naturalmente que lo eran. También el capitán del Titanic tenía derecho a dormir ocho horas; la cuestión nunca fue esa.
Y faltaba la llamada Ley de Nietos. Oficialmente es una medida de reparación histórica incluida en la Ley de Memoria Democrática, y esa es una finalidad perfectamente legítima. Pero tiene también una consecuencia electoral que tampoco requiere mucha imaginación: quienes adquieren la nacionalidad española y cumplen los requisitos de inscripción electoral pueden votar en las elecciones españolas. A 31 de mayo de 2026, Exteriores contabilizaba 571.761 expedientes aprobados y 333.696 inscripciones consulares practicadas. ¿Comprar votos en el extranjero? No hay prueba alguna que permita afirmarlo. Digamos que, para el malpensado, es una extraordinaria coincidencia demográfica; para el Gobierno, justicia histórica. Y quizá ahí esté, finalmente, lo imposible de Pedro Sánchez: no conseguir que ocurran cosas increíbles, sino lograr que, después de ocho años, ya no nos parezca increíble casi nada.
