|
La Audiencia Provincial de Badajoz inicia el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otros investigados por presuntas irregularidades en la creación y adjudicación de un puesto público vinculado a los conservatorios de música
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz en uno de los juicios con mayor carga política del momento. El procedimiento analiza las presuntas irregularidades en su contratación en 2017 por la Diputación de Badajoz, donde fue nombrado coordinador de actividades de los conservatorios de música.
Junto a David Sánchez también están acusados el expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros investigados vinculados a la institución provincial. La causa gira en torno a si el puesto fue creado específicamente para el hermano del presidente y si el proceso selectivo fue una convocatoria real o una designación encubierta.
El juicio arranca en un clima de máxima expectación política y judicial. Las acusaciones populares sostienen que la plaza habría sido diseñada “a medida” para David Sánchez y reclaman para él penas de hasta tres años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal.
La investigación se inició a raíz de una denuncia de Manos Limpias, basada inicialmente en informaciones periodísticas. A partir de ahí, el juzgado instructor abrió diligencias para determinar si existieron irregularidades en la contratación del hermano del presidente y en la posterior estructura administrativa creada en torno a ese puesto.
Las defensas llegan al juicio intentando tumbar la causa desde el inicio. Alegan vulneración de derechos fundamentales, cuestionan la intervención de correos electrónicos y denuncian que la investigación habría tenido un carácter prospectivo. Sin embargo, esas objeciones ya habrían sido rechazadas anteriormente durante la instrucción.
El procedimiento también examina la contratación posterior de Luis Carrero, colaborador de David Sánchez, otro de los elementos que las acusaciones consideran relevante para sostener la tesis de una estructura creada alrededor del puesto público investigado.
La Fiscalía, por su parte, ha mantenido una posición distinta a la de las acusaciones populares y pidió el archivo de la causa al considerar que no existían pruebas contundentes para sostener la acusación. La defensa de David Sánchez insiste en que el proceso tiene una motivación política y niega que existiera un trato de favor en su contratación.
El calendario del juicio prevé varias sesiones en la Audiencia Provincial de Badajoz. La vista oral comenzó con cuestiones previas y está previsto que las declaraciones de los principales acusados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, se produzcan en las próximas sesiones.
El caso vuelve a situar al entorno familiar de Pedro Sánchez en el centro de la actualidad judicial y política. Mientras las acusaciones hablan de un presunto enchufe en una administración gobernada por el PSOE, las defensas sostienen que se trata de una causa impulsada por intereses políticos y sin base penal suficiente.
Ahora será el tribunal quien deberá determinar si la contratación de David Sánchez fue legal o si, como sostienen las acusaciones, se utilizó la Diputación de Badajoz para colocar al hermano del presidente en un puesto público diseñado para él.
