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Agentes de la Guardia Civil se personaron en la sede nacional del PSOE por orden del juez Santiago Pedraz para recabar documentación, correos, registros de visitas y datos contables vinculados a la investigación sobre Leire Díez, exmilitante socialista investigada por una presunta trama para atacar a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad
La sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid vivió este miércoles una jornada de máxima tensión política y judicial después de que agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personaran en el edificio por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La actuación se prolongó durante unas 12 horas y se enmarca en la investigación del denominado ‘caso Leire’, centrado en la exmilitante socialista Leire Díez.
Los agentes acudieron a Ferraz para requerir información y documentación relacionada con la causa. Según las informaciones publicadas, el juez solicitó correos electrónicos, libros contables, sistemas de gastos, registros de visitas y documentación vinculada a áreas internas del partido, especialmente Administración, Gerencia, Organización e Informática.
La investigación trata de esclarecer si Leire Díez, conocida mediáticamente como la “fontanera del PSOE”, habría participado en una presunta operación destinada a desacreditar o condicionar a jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil implicados en investigaciones sensibles para el partido. La causa también analiza posibles pagos y la forma en que estos habrían sido canalizados.
Además de la actuación en la sede socialista, la UCO llevó a cabo diligencias en otros puntos vinculados a personas investigadas. Entre los nombres señalados en las informaciones publicadas figuran el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, la gerente del PSOE Ana María Fuentes y el empresario Javier Pérez Dolset.
La entrada de la Guardia Civil en Ferraz se produjo en un momento políticamente muy delicado para el Gobierno y para el PSOE. La noticia estalló coincidiendo con la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso y con el viaje del presidente Pedro Sánchez a Roma, donde mantuvo una audiencia con el papa León XIV. Desde Moncloa y desde el PSOE se trasladó un mensaje de colaboración con la Justicia y de “transparencia absoluta”.
La oposición aprovechó la actuación judicial para elevar la presión sobre el Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la situación de “agónica” y reclamó dar voz a los españoles, mientras que otros dirigentes populares exigieron responsabilidades políticas ante una investigación que afecta directamente al entorno orgánico socialista.
La actuación de la UCO no fue presentada por todas las fuentes como un registro clásico, sino como un requerimiento judicial de información dentro de una pieza bajo investigación. En cualquier caso, la presencia durante horas de agentes de la Guardia Civil en la sede del partido del Gobierno convierte la jornada en uno de los episodios más graves para el PSOE en plena escalada del ‘caso Leire’.
La causa continúa abierta y bajo investigación judicial. El objetivo ahora será determinar el alcance real de la documentación recabada en Ferraz y si de ella se desprenden nuevas responsabilidades penales o políticas dentro de la estructura socialista.
