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Ocho años de inflación, vivienda disparada y pérdida de poder adquisitivo dibujan un país donde trabajar ya no garantiza vivir mejor
Desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, España no se ha arruinado de golpe. Ha ocurrido algo más sutil y, a la vez, más profundo: un empobrecimiento progresivo, silencioso, acompañado de estadísticas maquilladas y titulares de récord que no se traducen en mejora real para las familias. Hoy, una familia media necesita cerca de 10.000 euros más al año para mantener el mismo nivel de vida que entonces. No mejorarlo, simplemente sostenerlo. No es una crisis puntual, sino el rastro acumulado de años de gestión económica marcada por la pérdida de poder adquisitivo.
El impacto más evidente se encuentra en la vivienda. El alquiler medio se sitúa en torno a los 15 €/m², superando los 23 €/m² en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Un piso que en 2018 costaba unos 800 euros mensuales se mueve hoy entre 1.400 y 1.600 euros en zonas similares. La compra tampoco ofrece alivio: un piso medio de 80 metros cuadrados supera los 230.000 euros, con incrementos superiores al 20% en un solo año. La denominada Ley de Vivienda, presentada como solución estructural, ha coincidido con una reducción de la oferta y una mayor tensión en los precios, intensificando un problema que afecta directamente al acceso de los ciudadanos a un hogar.
El encarecimiento se extiende al conjunto de la vida cotidiana. La cesta de la compra ha aumentado entre un 30% y un 50% desde 2018: lo que antes suponía unos 80 euros semanales, ahora alcanza fácilmente los 120 o 130. A ello se suma el coste de la energía y los carburantes. La gasolina, que ya rondaba 1,49 €/litro antes de la crisis en Oriente Medio, se sitúa actualmente cerca de 1,84 €/litro tras recientes tensiones internacionales. El diésel ha superado los 2 euros por litro, acumulando incrementos muy significativos. Llenar el depósito es hoy sensiblemente más caro, lo que repercute directamente en millones de trabajadores que dependen del vehículo privado para su actividad diaria.
En paralelo, los salarios han crecido en términos nominales, pero no en capacidad real. La inflación acumulada desde 2018, junto con la presión fiscal y el aumento de las cotizaciones, ha erosionado el poder adquisitivo. El resultado es una paradoja cada vez más evidente: se ingresa más sobre el papel, pero se llega con mayor dificultad a fin de mes. Sin ajustes fiscales que compensen la inflación, muchos contribuyentes han pasado a tributar en tramos superiores sin haber experimentado una mejora real de su situación económica.
Este contexto tiene efectos más profundos sobre el funcionamiento del propio sistema económico. Cuando el coste de la vivienda absorbe gran parte del salario, el ahorro se vuelve residual y el esfuerzo pierde capacidad de recompensa, se debilitan los incentivos para la productividad y la movilidad social. La percepción de estancamiento se extiende, especialmente entre las clases medias y los jóvenes.
En el ámbito laboral, los datos de afiliación muestran cifras elevadas, con millones de cotizantes registrados. Sin embargo, el análisis detallado revela un peso significativo de sectores estacionales, como la hostelería, y un aumento relevante de trabajadores extranjeros en la creación de empleo reciente. La economía genera ocupación, pero no siempre en condiciones que permitan mejorar el nivel de vida de forma sostenida.
El resultado es un país distinto al de 2018: un escenario donde el ascensor social pierde fuerza, donde el acceso a la vivienda se complica y donde la estabilidad económica de los hogares se resiente. Más allá de los indicadores macroeconómicos, la realidad cotidiana de muchas familias refleja un cambio de tendencia que plantea interrogantes sobre el modelo económico y su capacidad para garantizar progreso y bienestar a medio plazo.
