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El secretismo judicial sobre los pagos en metálico del PSOE deja en evidencia la estrategia de silencio de los aliados parlamentarios del presidente
Los socios del Gobierno han perfeccionado un arte tan antiguo como eficaz: el silencio estratégico. El auto del juez Ismael Moreno, que declara secreta la investigación sobre los pagos en metálico del PSOE por “la gravedad de los hechos”, ha caído como una losa sobre Ferraz. Sin embargo, no ha provocado comunicados de urgencia ni ruedas de prensa indignadas entre quienes sostienen parlamentariamente a Pedro Sánchez. No hay reproches públicos. No hay exigencias. Hay cálculo. Y en política, el cálculo suele delatar más que cualquier declaración.
Porque el secreto judicial no es una anécdota procesal. Es una señal de alarma. Cuando un juez habla de “enorme gravedad” y de riesgos para la investigación, está advirtiendo de que lo que se investiga no es menor ni circunstancial. Afecta al núcleo del partido que gobierna y apunta a una práctica —el uso sistemático de dinero en efectivo— que España creía relegada a los capítulos más oscuros de su historia política. Que el propio presidente admita haber cobrado de ese modo no tranquiliza: normaliza lo que debería encender todas las alarmas.
El silencio de los socios no es casual. Sumar calla porque romper ahora sería políticamente suicida. ERC y Bildu guardan silencio porque su agenda transita por otros carriles y porque un Gobierno debilitado es, paradójicamente, un Gobierno más manejable en la negociación. El PNV calla porque conoce bien que el poder rara vez se combate de frente mientras no muestre heridas abiertas. Todos coinciden en lo esencial: no les conviene que este caso crezca. No por respeto institucional, sino por pura supervivencia política. La regeneración democrática, cuando incomoda, se pospone.
Pero el silencio tiene fecha de caducidad. Si la investigación confirma lo que hoy solo se insinúa —falta de trazabilidad, posibles delitos de blanqueo, fondos de origen opaco— los socios quedarán atrapados en su propia contradicción. No podrán seguir denunciando la corrupción ajena mientras sostienen, con su voto, a un partido bajo una sospecha judicial de extrema gravedad. El argumento de la estabilidad dejará de servir cuando la estabilidad empiece a oler a encubrimiento.
El problema de fondo no es solo jurídico, es profundamente político. España ha visto demasiadas veces cómo los aliados miran hacia otro lado hasta que el escándalo se vuelve insostenible. Los socios del Gobierno aún están a tiempo de exigir explicaciones claras y responsabilidades políticas. Si no lo hacen, quedará claro que no sostienen un proyecto, sino simplemente el poder.
