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Cuatro personas están investigadas por integrar una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de fauna, con ejemplares valorados en 85.000 euros
La Guardia Civil ha desmantelado un supuesto refugio de animales exóticos ubicado en la localidad de Burgohondo (Ávila), donde se han intervenido 472 ejemplares protegidos que se encontraban sin documentación ni trazabilidad legal. La actuación se enmarca en la operación Suartx y ha derivado en la investigación de cuatro personas, acusadas de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de fauna.
Entre los animales localizados figuran tortugas leopardo, tortugas de espolones, tortugas mediterráneas, iguanas, diferentes especies de gecos, tarántulas y un varano del Nilo, entre otros. El conjunto de ejemplares alcanzaría un valor en el mercado negro de 85.000 euros.
Las investigaciones del Seprona comenzaron en junio de 2023, cuando los agentes detectaron en redes sociales diversas irregularidades relacionadas con la actividad del supuesto refugio. Se constató que los responsables operaban bajo la apariencia de una falsa ONG, financiada mediante donaciones promocionadas en internet y que carecía de las autorizaciones necesarias para la tenencia y cuidado de animales exóticos.
Además, dicha organización ofrecía cursos y programas de voluntariado sin que los participantes estuvieran dados de alta en la Seguridad Social, así como un sistema de apadrinamiento de pago gestionado por una bióloga y otra persona que impartían charlas en centros educativos de Ávila y Madrid.
Las instalaciones tampoco contaban con permisos municipales y, aunque los animales hallados estaban en aceptables condiciones, la Guardia Civil comprobó que procedían en su mayoría de cesiones irregulares de diversas provincias españolas. También se constató que alrededor de 200 animales habían fallecido previamente en el mismo entorno.
Los cuatro investigados se enfrentan a posibles delitos de contrabando, estafa, falsedad documental, delitos contra la fauna y pertenencia a organización criminal. La operación ha contado con la colaboración de técnicos de CITES, personal de Tragsatec y agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las diligencias han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Ávila y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.
