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Un acuerdo entre la televisión pública y Telefónica permite a Movistar vender anuncios sobre la señal de RTVE, algo expresamente prohibido por la ley
Durante meses, los clientes de Movistar Plus+ hemos observado lo mismo: cada vez que cambiamos de canal y sintonizamos La 1, La 2, el Canal 24 Horas o Teledeporte, aparece un anuncio. Solo ahí. En los canales públicos. En aquellos en los que, por ley, no puede haber publicidad.
Tras insistir, la propia RTVE lo ha confirmado por escrito. Su Dirección Comercial reconoce textualmente:
“Con fecha septiembre de 2022 se formalizó un contrato, por el cual Telefónica puede comercializar el preroll de nuestros canales, cuando sean consumidos en su plataforma”.
Es decir, RTVE firmó un contrato con Telefónica que permite a una empresa privada vender anuncios sobre la señal pública.
Un acuerdo que contraviene expresamente la Ley 8/2009 de Financiación de RTVE, la cual prohíbe toda publicidad comercial y cualquier cesión de espacios a terceros.
No hay interpretación posible: se trata de una violación directa de la norma.
Y si ese contrato ha generado ingresos o contraprestaciones, estaríamos ante una posible financiación ilegal de la televisión pública, e incluso ante un posible delito de malversación o prevaricación administrativa.
Porque la ley no solo prohíbe emitir publicidad: también prohíbe cobrar por permitirla.
La CNMC debería actuar de oficio, pero, sobre todo, los partidos de la oposición tienen el deber de mover ficha. Deben exigir que el contrato se haga público, que se detallen sus términos y que la Fiscalía investigue quién lo firmó, con qué autorización y cuánto dinero ha generado.
RTVE no puede convertirse en un negocio paralelo ni en un escaparate publicitario encubierto bajo el paraguas del servicio público.
La televisión pública no se alquila, no se vende y no se negocia en un despacho.
Si esto queda impune, se habrá cruzado una línea gravísima: la de transformar un medio público financiado con dinero de todos en una fuente de ingresos opacos y contraria a la ley.
Los ciudadanos ya hemos hecho nuestra parte: hemos pedido explicaciones, hemos conseguido la prueba y tenemos el contrato.
Ahora le corresponde a la Fiscalía y al Parlamento actuar. Porque RTVE no es de Telefónica. RTVE es de todos.
